Pongo hoy en el blog, un artículo publicado por el profesor Ruiz Robledo sobre este tema. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, por eso me parece innecesario añadir más comentario, pero lo dejo como punto de reflexión y crítica jurídica.
Artículo publicado en EL OBSERVATORIO de los nueve periódicos del Grupo Joly el domingo 26 de abril de 2009.
El discurso de investidura de Griñan ha abierto la esperanza de una reforma de la Administración andaluza para que esté compuesta por “funcionarios competentes”. Los periódicos que recogían esa declaración traían en sus mismas páginas ejemplos de la urgencia de realizar la reforma. Así, el presidente de la patronal andaluza de Tecnologías de la Información criticaba la lenta gestión de las ayudas de I+D otorgadas por la Unión Europea. Por su parte, un juez de Granada sentenciaba la legalidad de una licencia para construir un inmenso centro comercial otorgada por el ayuntamiento de Armilla porque la Junta la recurrió fuera de plazo.
Como todos tenemos en nuestra memoria -desde el Algarrobico en el Cabo de Gata hasta las balsas de fosfoyesos en Río Tinto- ejemplos similares de desidia administrativa, el apoyo a la reforma ha sido unánime. Igual de unánime ha sido el apoyo a los medios que piensa utilizar Griñán: la profesionalización y la descentralización administrativa y política, cediendo competencias tanto a las delegaciones provinciales de la Junta como a los Ayuntamientos. La oferta de Griñán de modificar la “normativa básica” para garantizar a los funcionarios una carrera profesional y reservarles determinados puestos es casi revolucionaria porque en los 27 años de gobierno socialista de Andalucía se ha hecho justo lo contrario, incrementar el grado de “flexibilidad” en la designación de destinos administrativos. De tal forma que puestos antaño cubiertos por técnicos hoy están repletos de políticos, como las presidencias de los puertos y las direcciones de empresas públicas; por no hablar de muchas gerencias provinciales y jefaturas de servicios ocupadas por funcionarios “leales”. Al renovar a los titulares de las consejerías más directamente implicadas en la reforma administrativa (Justicia y Administración Pública, Gobernación y Presidencia) Griñán ha dado un primer paso para trasladar su discurso del papel a los hechos, aunque al mantener la misma estructura del Gobierno, con sus quince consejeros y remitir a los niveles inferiores la reducción de altos cargos, no haya emitido un mensaje claro sobre su voluntad de conseguir una administración eficaz. El tiempo dirá si pone en marcha una reforma legal que supone una quiebra en la forma tradicional que tiene el PSOE de entender la Junta de Andalucía.
Pero sin necesidad de cambiar ninguna ley, Griñán va a tener en los próximos día una gran oportunidad para lograr una administración más técnica y precisamente en conexión con su deseo de dar un mayor protagonismo a las estructuras provinciales para que la mayoría de los expedientes “se resuelvan en cada una de las provincias”. Se trata del nombramiento de los delegados provinciales, designación que en tiempos de Chaves dependía mucho más de criterios políticos de cada Comité Provincial del PSOE que de criterios técnicos decididos por el Gobierno. Para mí, que sería suficiente con nombrar a personas que cumplieran dos requisitos que cumplían los delegados nombrados por Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla: el obvio de saber de la materia de que se ocupa su consejería y el prudente de no vivir en la provincia para la que se le nombra. Quiero insistir en este último punto porque se ha abandonado con el argumento de que se debe nombrar delegados que conozcan muy bien la sociedad provincial. Sin embargo, este argumento que es lógico para elegir cargos electos (como diputados y alcaldes) no lo es para cargos designados, cuya función principal es la de tramitar expedientes, que inevitablemente ven mermada su autonomía por los lazos personales que les unen con los administrados. Por decirlo de forma clara y directa: darle más poder a las delegaciones provinciales sin cambiar el sistema real de designación de sus titulares incrementa el riesgo de caciquismo y arbitrariedad de una forma exponencial.
http://aruizrobledo.blogspot.com/2009/04/esperanzas-y-riesgos.html
3 comentarios:
Me gusta tu blog.I estoy esperando su nuevo puestos.
Ya somos internacionales!!
Bien, ante estas acertadas palabras del profesor Ruiz Robledo hay poco que decir. No se me ocurre forma más clara y concisa de abordar este tema. Mi enhorabuena al profesor(y creo que ya por fin catedrático) Ruiz Robledo (al que por cierto hoy he tenido el privilegio de oir en unas jornadas sobre cadena perpetua), mi aplauso al señor Griñán por su nueva linea de actuación, y mi saludo a Conchita por sus siempre interesantes y periódicos temas de debate (que pelotas me ha salido esto....)
Tan sólo, quizás, una pequeña puntualización:
Leyendo hoy el periódico encuentro que el profesor Baldomero Oliver León ha sido designado como nuevo delegado de justicia por el consejo de Andalucía. El profesor Oliver, aparte de ser un magnífico docente (el año pasado tuve la oportunidad de asistir a sus clases), también es amigo personal de la nueva consejera de justicia de Andalucía, Begoña Álvarez, o al menos eso me pareció a mí cuando la Consejera, anterior delegada de Granada de justicia, nos brindó una charla magistral en clase con el profesor Oliver y luego un coloquio con algunos alumnos con café incluido.
No quiero decir con esto que Baldomero Oliver León no se merezca ese puesto, de hecho, no imagino a nadie mejor para ejercerlo, pero creo que esto da al traste con toda la bonita linea que quería seguir el señor Griñán, por decirlo de otra forma, desprende un ligero tufillo al "amiguismo" perseguido por Griñán.
Y que conste que reitero mi apoyo incondicional a Baldomero Oliver León, ya que ha demostrado sobradamente sus capacidades, como docente, vicerector de la facultad de derecho y director general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda.
Sólo que me ha parecido chocante que, justo después de haber leido la opinión del profesor Ruiz Robledo, me encuentre una noticia como esta en el periódico.
No obstante, le brindo mi apoyo incondicional a Baldomero Oliver, y espero que haga su nuevo trabajo tan bien como los demás que h venido haciendo.
Enhorabuena al profesor Ruiz Robledo por su nombramiento como catedrático de Dcho. Constitucional, he de decir que no le conozco mucho pero,lo poco que si, sé que es una persona coherente y lo más importante íntegra.
¿Para cuándo la profesora Conchita catedrática?
Con respecto al artículo que nos ocupa, pienso que el nuevo Estatuto Andaluz no está en el camimo de conceder mayores competencias objetivas a la diputaciones provinciales, incluso parece que todo lo contrario, ya que intenta vaciar de competencias a las diputaciones quedándose éstas sólo con el mínimo exigido en la ley de bases competenciales.
Si lo que pretende el Sr. Griñán es la segunda descentralización a favor de las administraciones locales, parece que las diputaciones quedarán como instituciones fiscalizadoras de aquéllas y no como potenciadoras y desarrolladoras de sus respectivos territorios. Con respecto a los delegados provinciales, me parece muy oportuno que residan fuera de la provincia donde ejercen sus funciones tal y como indica el profesor Robledo, puesto que quien evita la tentación evita el peligro. Gracias.
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