El debate se ha abierto y está también en la calle y en las familias. La vicepresidenta del gobierno dice que no es constitucional y los penalistas están divididos sobre la oportunidad de una pena de este tipo. Los problemas aparecen porque la pena tiene una finalidad resocializadora en nuestro sistema constitucional. Pero esta finalidad no tiene porqué desaparecer en un sistema de revisión que compruebe que la resocialización se ha producido. Dejo aquí un comentario sobre este tema de una profesora de la Facultad, publicado recientemente en la prensas local, para que sirva de base del debate.
