viernes, 8 de febrero de 2013

UNO DE LOS NUESTROS

El caso "Bárcenas" acorrala cada día al PP. Este ha sido tocado en su linea de flotación. Miembros del Gobierno Nacional presuntamente implicados en tomar sobres con dinero, se afanan en mostrar sus manos haciendo ver que ellos no han sido pues las tienen blancas y no rojas, síntoma  éste del enrojecimiento que delata al culpable.
Hará poco más de un año que estos mismos dirigentes con el Sr. Presidente a la cabeza pedían luz y taquí-grafos en supuestos casos de corrupción de sus adversarios políticos, concretamente caso  de los "ERE de Andalucía". Sin embargo, ahora basta con dar comunicados sin opción a preguntas, en los que se niega todo; en lo que todo es falso y fruto de una burda manipulación de conspiradores "judeo-masónicos".
Pero la cosa no sólo consiste en presentarse ante la opinión pública como víctimas, alegando que es malo para el país ante la comunidad internacional, puesto que retrasa su recuperación, al sacar todo esto a la luz.
La cuestión es qué se iba hacer con todo el dinero sustraído a la Hacienda Pública de la "macrotrama Gurtel" y de la financiación ilegal del PP, las famosas cuentas suizas del Sr. Bárcenas, que viendo como se ha tratado el asunto, incluido al propio Bárcenas, por los dirigentes del PP, cabría pensar que el susodicho Bárcenas en calidad de tesorero del PP gestionaba esos millones de euros pero que en modo alguna era el propietario de los mismos, y que todo ese dinero, en mi opinión, es de propiedad compartida.
Para ello se le encarga al responsable de la Hacienda Pública, el Sr. Montoro, que elabore una ley de "regulación fiscal especial" para blanquear todos estos fondos depositados en paraísos fiscales, bajo el falso pretexto de la crisis económica que padecemos, y poder atraer capital al país.
Pero dicha ley no es más que una amnistía fiscal, pues una regularización fiscal contempla elementos como: devengo de intereses de las cantidades defraudadas, recargos fiscales y las correspondientes sanciones. Elementos estos que no se aplican a todos estos patriotas de pegatina. Incluso se ha sabido, por prensa, que se dio orden a los funcionarios encargados de estos expedientes de no averiguar la ilicitud del referido dinero.
La pregunta es: ¿qué entiende este Gobierno por "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad...? Cuestión esta que se recoge en el art. 31 de la C.E, bajo la rúbrica "de los derechos y DEBERES de los ciudadanos".
¿Es que esta casta social se sitúa al margen de este deber constitucional como ciudadanos de este país?
¿No vulnera la amnistía fiscal el principio de igualdad tributaria recogido en dicho artículo constitucional y que prohibe el trato discriminatorio, principio este avalado por numerosas sentencias del TC?
Para aquellos que pretendan esquivar la cuestión argumentando que no existe discriminación puesto que se dan diferentes situaciones hecho, les diré que dudo que, en este caso de amnistía fiscal, se una situación diferencial de hecho, ya que, si la finalidad de la ley es captar capital exterior, dichos capitales a los que hago referencia se generaron en España y salieron de forma irregular, por lo que siguen afectos al pago tributario que en su día no se hizo, conforme a los principios de igualdad y progresividad tributaria, siendo este último el corrector de desigualdades reales, desigualdades que no encuentran justificación en nuestro texto constitucional.
Este país ha perdido su dignidad pública, no solo por los casos de corrupción que se manifiestan, sino por como éstos son tratados ante la ciudadanía.

JC Navarro.